Los contratos para los proyectos termoeléctricos Salitral en Guayaquil y Quevedo en Los Ríos, que preven sumar 150 megavatios, fueron suscritos el 2 de agosto.
Fueron firmados por Byron Orozco, gerente de Termopichincha, en representación de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Andrew Williamson, como representante de Progen, aunque no se describe el cargo que tiene en esa compañía estadounidense.
Sin embargo, por tercera vez, Celec cambió el administrador de los contratos debido a que no concretaron un cronograma para la ejecución de las obras.
Esos documentos se suscribieron cuando Antonio Goncalves era ministro de Energía, pero en mayo, cuando Roberto Luque estaba encargado de esa cartera de Estado, visitó la planta de Progen en el país norteamericano para constatar la oferta.
Junto a él estuvo el gerente de Celec, Fabián Calero, quien ahora es viceministro de Energía. «Venimos personalmente, primero para evitar intermediarios, y segundo, para no tener problemas contractuales por incumplimiento», expresó Luque entonces.
Cuatro meses después, ocurrió precisamente lo que no quería el Gobierno. El proyecto termoeléctrico Salitral en Guayaquil debió estar listo el 30 de noviembre, esto a pesar de que el gobierno pagó el 70 % de la obra, es decir USD 69 millones.
Mientras que el proyecto termoeléctrico de Quevedo debió entrar en funcionamiento el 5 de noviembre. El Gobierno aún no ha desembolsado nada, pues según el contrato Celec debe verificar 20 generadores que están en Estados Unidos para luego ser enviados a Ecuador.
Pese a eso, Progen avanzó en la construcción de las obras civiles que son las bases de concreto donde colocan los aparatos. Para que se ejecuten los pagos, la contratista debía presentar garantías, pero estas fueron cuestionadas por la Comisión Nacional Anticorrupción.
«Progen no es una empresa que construye motores termoeléctricos, los repara, los regenera y los repotencia», señaló Germán Rodas, de la CNA.
Progen asegura que sí cuentan con la garantía de 40 años como lo establece el contrato, pues insisten en que los generadores son nuevos.
El acuerdo describe siete causales por las que el gobierno podrá darlo por terminado unilateralmente, entre ellas por incumplimiento del contratista por suspensión de los trabajos por más de 20 días, pero el documento también especifica que deben ser comprobadas.
Según Progen, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación ni por incumplimiento, ni por multas.
