Pablo Muentes pide que se anule el caso por supuesta indefensión

Con un pedido de diferimiento, el juez Javier de la Cadena instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Purga. Este investiga el presunto delito de delincuencia organizada y vincula a 23 personas, entre las que se encuentran el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo.

La diligencia comenzó con un pedido de Muentes para que se anule el caso por supuesta indefensión. Pidió también que el proceso regrese a la etapa de instrucción fiscal, alegando que la Fiscalía no le permitió presentar sus pruebas de descargo. Gallardo, por su parte, pidió que se anule totalmente el caso.

Tras la participación de todas las defensas, el magistrado definirá si declara válido el proceso o acepta algún pedido de nulidad. Si declara la validez, la Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal subrogante Wilson Toainga, presentará su dictamen acusatorio en contra de los 23 procesados.

Se prevé que la audiencia dure varios días debido al número de personas que debe intervenir. Esto, aunque al igual que el caso Metástasis, tiene la posible caducidad de las órdenes de prisión preventiva de los procesados. Es decir, que si hasta el 4 de marzo no hay sentencia, quedarían en libertad Muentes y Gallardo.

La Fiscalía investiga una estructura delictiva en la Corte del Guayas
El caso, que se desprende de Metástasis, investiga una estructura delictiva que habría obtenido beneficios judiciales y administrativos en la Corte de Justicia del Guayas. Según la Fiscalía, el grupo se tomó el control de la justicia en la provincia mediante el trabajo, en distintos roles, de cada uno de los acusados.

Esta organización contaba con una cúpula que estaría conformada por Pablo Muentes, quien -como asambleísta- habría establecido relaciones con Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y Johan Marfetán, exjuez de esa misma Corte.

Ellos habrían contratado a Mayra Salazar, exfuncionaria judicial -y sentenciada en el caso Metástasis-, con el objetivo de obtener resoluciones judiciales favorables, sumarios y cambios administrativos desde la Corte de Justicia del Guayas.