Implementar una nueva normativa para las encuestadoras en la elaboración y difusión de los pronósticos de la consulta popular y referéndum del 4 de febrero próximo, analiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El miércoles pasado, los vocales electorales revisaron una propuesta de reforma al reglamento sobre ‘Personas naturales o jurídicas que realicen pronósticos electorales’.

No la aprobaron porque el documento elaborado por el área jurídica les pareció ‘escueto’, y el documento final se aprobaría en esta semana.

Entre las propuestas consta que la encuesta debe tener la firma de todos quienes participaron en su elaboración. Además, una disposición general para que el CNE “pueda iniciar acciones legales” si considera que se infringieron sus reglas.

Las empresas y los medios de comunicación deberían especificar que los muestreos son “información no oficial”.

A esto, los consejeros hicieron ciertas observaciones. La vicepresidenta Ana Marcela Paredes consideró que los medios y los actores políticos deberían suscribir un “pacto ético”, y que el CNE determine cómo se entrega la información.

Aclaró que no se trata de poner obstáculos, pero que debido a una “mala experiencia” en los comicios generales del 2017, se debe “reflexionar qué medidas tomar” para evitar que la información genere un caos.

La vocal Luz Haro pidió que se precise el porcentaje de error del sondeo, que a su criterio “no debería pasar del 3%”.

La presidenta, Nubia Villacís, sugirió que las encuestadoras presenten una “muestra estratificada”.

El consejero Mauricio Tayupanta pidió tomar en cuenta las recomendaciones que hizo la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe final sobre la elección presidencial del 2017 y, refiriéndose a las empresas de sondeos, subrayó que “la batuta” en la divulgación de los resultados “deberíamos tenerlo nosotros y no ellos”.

En febrero pasado, la OEA cuestionó que la difusión de encuestas propició una “guerra de resultados”, pues los entonces candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso se “autoproclamaron ganadores” antes de los resultados oficiales.

El consejero Paúl Salazar dijo que ante la divulgación de estos datos “deberíamos blindarnos como institución para que las encuestadoras tengan la responsabilidad de hacer un estudio técnico sin consideraciones políticas”. Recordó que por esto en las presidenciales del año anterior pudo haber “hasta heridos”. El objetivo no es “coartar un derecho de informarse de varias fuentes”, pero sí de manera responsable, técnica, sin sesgos políticos.

Polibio Córdova, director de Cedatos, indicó que esperará a que el CNE apruebe la normativa para analizar su participación en esta consulta popular. Recordó que en el 2017, a las 16:30, el CNE le solicitó a la firma la entrega de sus resultados y resaltó que tuvo el 99,5% de precisión. (I)